Aliados para combatir el impuesto del azúcar

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Asociaciones agrarias, empresas de alimentación y de la distribución española se alían ante la inseguridad jurídica que a su juicio les va a ocasionar la inminente primera autoliquidación del impuesto de bebidas azucaradas de Cataluña.

En concreto, este lunes se reunieron en Madrid, Asaja, COAG, Cooperativas Agroalimentarias, UPA, FIAB, Promarca, Aecoc, Aces, Anged, Asedas, Fehr y Marcas de Restauración, para exponer los distintos aspectos jurídicos y efectos negativos derivados del impuesto sobre bebidas azucaradas en Cataluña, y las implicaciones para el tejido empresarial de la cadena alimentaria y el sector agrario y rural.

El impuesto catalán de bebidas azucaradas entró en vigor el pasado primero de mayo, un mes más tarde de lo previsto inicialmente. No obstante, este no cuenta con un reglamento que lo desarrolle y se teme que desde ya cause perjuicios.

Por su parte, el director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha reconocido que en el caso de que esta iniciativa no prospere, no descartaran explorar otras vías legales.

La tasa tiene dos tipos de gravamen, de ocho y de doce céntimos por litro, según la cantidad de azúcar de la bebida, y debe repercutirse al consumidor final, ya que su objetivo es reducir el consumo excesivo de estos productos.

El gravamen, que debe ser liquidado por los operadores logísticos encargados de distribuir el producto tanto a supermercados como bares y restaurantes, es aplicable tanto a refrescos como a zumos y néctares, pasando por sodas, bebidas energéticas, de té y de café, vegetales o incluso leches endulzadas y aguas de sabores.

Ante este panorama desde el sector productor,  por medio del presidente de Asaja, Pedro Barato, se le ha respondido al gobierno al calificar como una aberración y barbaridad este nuevo gravamen, especialmente en un momento en el que el sector remolachero español afronta la desaparición de las cuotas.

Las previsiones de ingresos de la Generalitat para este nuevo tributo son de una recaudación de 30,98 millones en 2017, cálculo que tenía en cuenta la entrada en vigor el 1 de abril, y unos ingresos anuales ordinarios -por año completo- de 41,3 millones.

En las mesas de discusión se destacan dos objetivos: evitar la estigmatización del azúcar y los refrescos, ya que permiten llevar una dieta equilibrada, e impedir que este tipo de tasas se extiendan a otras Comunidades Autónomas.

Según han explicado los firmantes de esta petición, el plazo para que Rajoy pueda presentar recurso de inconstitucionalidad termina el próximo 30 de junio.

Autor

Corresponsal

Corresponsal del medio Distribución y Alimentación. Licenciado en Periodismo y Relaciones Públicas, actualmente trabajo en el sector de la gran distribución aunque dedico parte de mi tiempo a la redacción.

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